Muchos negocios buscan eludir o evitar el pago de impuestos derivados de sus actividades económicas. Esto se lleva a cabo mediante la denominada ingeniería fiscal, una estrategia que aprovecha los vacíos legales y la diferente tributación entre los países para pagar menos impuestos. Es una actuación legal y, por lo tanto, su ejecución supone un inconveniente moral y no de irregularidad fiscal.
En cuanto a su legalidad, es importante matizar que esto es así en cuanto a la elusión fiscal, que organiza sus estados contables para minimizar la carga impositiva. Sin embargo, la evasión fiscal sí que es un delito, pues con ella se ocultan ganancias para evitar el pago de impuestos.
En los últimos meses ha sido protagonista este tema, que se ejecuta desde hace años en los conocidos paraísos fiscales. Las grandes compañías tecnológicas lo llevan a cabo para tributar cantidades ridículas en relación con su volumen de negocio. La semana pasada los ministros de finanzas de España, Italia, Alemania y Francia han enviado un documento al presidente del Eurogrupo para acabar con estas maquiavélicas prácticas de ingeniería fiscal.
En concreto, en el punto de mira, se han situado a Amazon, Google, Facebook y Apple. Desde Europa se les acusa de pagar hasta casi 20 puntos menos en el impuesto de sociedades que la media de los contribuyentes. En agosto del año pasado, la Comisión Europea fijó una multa histórica para Apple, acusada de satisfacer un impuesto de sociedades del 1%, llegando incluso al 0,005% en 2014.
El centro de operaciones irlandés
Facebook o Google actúan parecido, sus filiales españolas basan su facturación en los servicios de marketing y, por lo tanto, registran el resto de las ganancias en su matriz de Irlanda donde el impuesto de sociedades es un 12,5% menos que en España.
Por otro lado, no solo son las empresas de tecnología las que realizan estas artimañas. También empresas del sector servicios, como es el caso de Airbnb que concentra su actividad en el cobro de comisiones a los propietarios y turistas de las viviendas y tales comisiones derivan a su filial en Irlanda a pesar de que España sea uno de sus grandes mercados. A pesar de la opacidad, se sabe que en España utilizaron esta plataforma 5,4 millones de inquilinos en 2016 y, sin embargo, las arcas públicas recibieron 55.211 euros de la compañía en concepto de impuestos.
Asimismo, el grupo Inditex ha sido acusada por el Parlamento Europeo de rebajar su factura fiscal en 585 millones de euros entre 2011 y 2014, alegando que plantea dudas si los impuestos que pagan lo hacen en función de lo que realmente generan en cada país. No obstante, la empresa española lo niega y afirma que satisface los tributos en función de lo que vende en cada uno de los 93 mercados que opera.
La ingeniería fiscal aprovecha los vacíos legales para optimizar eficientemente el pago de tributos en cada país. En la otra cara de la moneda están los inspectores de Hacienda que investigan las actuaciones de las grandes empresas. Parece que Europa, consciente del daño que provoca, se quiere poner a la cabeza de esta persecución entre el gato y el ratón.
Autor: Daniel Moreno (3 octubre 2017)
