Ya hemos superado con creces el ecuador del verano y el problema de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat sigue sin resolverse. Su recién estrenada Terminal 1 comenzó el mes de julio con problemas por la falta de personal y el endurecimiento de los nuevos requisitos en los controles de pasaportes lo que llevó a que los encargados de la seguridad, empleados de Eulen, anunciaran una huelga parcial durante los fines de semana de agosto que ha sembrado el caos en el aeropuerto de Barcelona.
Los trabajadores denuncian jornadas de hasta 16 horas y reclaman más personal para atender la seguridad antes del embarque que cuenta con 10 arcos detectores de metales por los que pasan, ahora en vacaciones, más de 4.000 personas cada hora. Un proceso que suele durar 20 minutos pero que, con los trabajadores en huelga, ha llegado a las dos horas, provocando largas colas (incluso salían al exterior de la terminal) colapsos, retrasos y que muchos viajeros perdieran sus vuelos. Un caos.
Tras el fracaso de la mediación ofrecida por la Generalitat, el Gobierno central ha decidido terminar con el problema a golpe de arbitraje extrajudicial. El 16 de agosto, se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario, el laudo arbitral, de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para los trabajadores. La decisión coincidió en el tiempo con los graves atentados terroristas, motivo por el que los trabajadores han decidido suspender la huelga, al menos hasta septiembre.
El laudo arbitral es un figura reconocida en la ley de huelga, regulada en 1977 y modificada por sentencia del Constitucional en 1981, que establece un arbitraje obligatorio cuando la situación es excepcional, cuando la huelga se prolongue durante más de dos meses y afecte a la economía nacional. Se trata de una resolución (basada en la transparencia y en la equidad) dictada por un árbitro para dirimir un conflicto entre dos o más partes. Puede compararse con la sentencia que dicta un juez aunque el primero se fija en la autonomía de la voluntad y debe ser aceptada por las partes. Es una herramienta que se utiliza desde la antigüedad y en todo el mundo, ya que permite resolver conflictos de manera extrajudicial, con distintos alcances y garantías.
El mecanismo que articula la consecución de un laudo arbitral se regula mediante el arbitraje, reconocido en la Ley 60/2003: se trata de un procedimiento extrajudicial para resolución de conflictos entre las partes, siempre y cuando uno de los intervinientes actúe como empresario, profesional, comerciante o los propios poderes públicos en algunos casos. No se pueden establecer procedimientos de arbitraje entre particulares.
En el caso de los vigilantes de seguridad de El Prat, y a propuesta del Gobierno, el arbitraje ha recaído en la persona de Marcos Peña, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES). En diez días -antes del 1 de septiembre- deberá dictar su «sentencia» o laudo que trabajadores y empresa tendrán que asumir obligatoriamente por ley. Antes, tendrá que escuchar a las partes que podrían recurrir si el laudo resulta injusto.
Especialista en negociación colectiva, Marcos Peña ha presidido la Comisión Negociadora de muchos convenios colectivos (Telefónica, Renfe, Repsol, Izar o los astilleros) e intervino en las negociaciones con los sindicatos para el Pacto Social de finales de 1993, cuando fue Secretario General de Empleo en 1993, gobernando Felipe González. Es catedrático del Derecho de Trabajo e inspector técnico del trabajo y de la Seguridad Social.
Peña también intervino en el conflicto de los estibadores este año. En este caso, no actuó como árbitro pero sí como mediador, intentado una labor de acercamiento de las partes, obligadas por la Unión Europea. Tras cinco meses, el caso se resolvió el pasado 29 de junio con la firma de un acuerdo que liberaliza el sector de la estiba, tal y como exigía la Comisión Europea.
La actual situación de la huelga de los vigilantes del aeropuerto de Barcelona recuerda al conflicto entre AENA y los controladores aéreos que estalló en diciembre de 2010 y que supuso el cierre, inaudito, del espacio aéreo. En aquella ocasión, el gobierno socialista nombró árbitro a Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo con Aznar que en febrero de 2011 emitió su laudo: menos sueldo y menos horas de trabajo.
Históricamente, el sector aéreo acapara el mayor número de laudos aplicados en España. Antes del caso de los controladores, hubo dos más en Iberia: en 2001, durante la negociación de un nuevo convenio, y en 2012, con la huelga de pilotos ante la creación de su filial de bajo coste, Iberia Express. Entonces actuó de árbitro, otro presidente del CES, Jaime Montalvo.
Según datos del Ministerio de Empleo y la CEOE, el primer semestre del año ha sido el más conflictivo desde que en 2015 se empezara a hablar de salida de la crisis. Entre enero y junio, casi 180.000 trabajadores han participado en alguna huelga, lo que supone un 109% más respecto al mismo semestre del año pasado. En total, 5,34 millones de horas no trabajadas (un 80% más), especialmente en dos sectores: el de la estiba y el del taxi. Ahora, habrá que añadir también al de los vigilantes de seguridad aeroportuaria y ver cómo se soluciona el conflicto.
Autora: Elvira Calvo (22 agosto 2017)
