¿Quién debería prestar los servicios públicos?

20/08/2014 | El Blog Salmón

Una de las grandes polémicas de España es la prestación de los servicios públicos. Muchas veces, más que un debate sobre qué servicios deben ser públicos (como la sanidad, educación, transporte colectivo, etc.) se tiene sobre si el prestador debe ser directamente la administración o una empresa privada a través de una concesión.

Parto desde aquí en que no estoy abriendo el debate sobre qué servicios deben ser públicos. Creo que hay muchos que lo deben ser, quizá muchos con copago, como el transporte colectivo, y otros que lo son y no lo deberían ser (¿Paradores? ¿Gimnasios municipales?). Pero lo que vamos a entrar a debatir es si es mejor que la administración preste el servicio directamente o una empresa privada.

¿El margen o la eficiencia?
Siempre que tocamos este tema hay dos posturas muy enfrentadas. Por un lado tenemos a los que piensan que la prestación de servicios es mejor por parte de las administraciones, contratando empleados y comprando el material necesario para ello, debido a que no es necesaria una rentabilidad y obtendríamos un ahorro respecto a una empresa privada (el margen de ésta). Por otro lado tenemos a los que piensan que las empresas privadas tienen una mayor eficiencia y aunque tengan margen los costes totales son inferiores a la prestación directa de la administración.

Ambos tienen parte de razón. Ante una misma estructura de costes y eficiencia la prestación directa sería más barata, pero también es verdad que las empresas privadas logran (normalmente) una estructura de costes inferior debido a diversas razones: sindicatos y trabajadores menos fuertes que en el sector público, directivos más comprometidos con el buen funcionamiento y en algunos casos (a nivel de ayuntamientos, quizá) economías de escala (por ejemplo en recogida de basuras, no es lo mismo 10 ayuntamientos comprando camiones que una empresa comprando camiones para 10 ayuntamientos, los precios pueden ser más bajos).

El problema de todo esto es lograr averiguar qué es más barato, con qué política se logra ahorrar más dinero. ¿Prestando el servicio directamente y ahorrándonos el margen de las empresas o concediendo la prestación del servicio a una empresa eficiente? ¿Qué pesa más? ¿Y a costa de qué? ¿Trabajadores mal pagados?

Es muy difícil generalizar y más complicado aún tener números para evaluar esto. Y en este debate hay mucha ideología, el ahorro de los márgenes se toma como dogma de fé, al igual que la superior eficiencia de las empresas frente a las administraciones públicas.

El debate debe centrarse en los números
Lo más sano para el país sería que el debate se centrara en los números. El debate que no es posible cerrar, ya que la ideología es fundamental, es los servicios que deben ser públicos. Pero luego todos deberíamos estar de acuerdo que para unos determinados objetivos de calidad la prestación de los mismos debería ser la más económica posible, independientemente de lo que eso signifique.

Por eso cuando oigo a los partidos defender a capa y espada un modelo concreto (y cada partido tiene el suyo) me parece que el debate está en el lado equivocado. Lo que hay que hacer es comparar, pues tenemos muchos datos para ello, todos en manos de las administraciones y poco transparentes. En la Sanidad Pública, por ejemplo, tenemos ambos modelos en España (y por lo poco que sale a la luz tengo la impresión de que la prestación directa es más económica). En la Educación también tenemos ambos modelos (concertada y pública) y aquí la impresión es que la concertada es más económica, aunque a costa de peores condiciones de trabajo y de evitar los niños con necesidades especiales que siempre acaban en la pública y por tanto aumentando el gasto medio. Y como esto en todos los servicios prestados.

Pero tener esperanza en dejar debates políticos y centrarnos en los económicos es dificil en España, cuando el partidismo lo contamina todo.

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