Rafael Myro Sánchez
Durante la primera década del siglo XXI, La industria española, como la de otros países, ha debido enfrentarse a tres retos de envergadura. El primero, el rápido avance de la globalización económica, con China ejerciendo una presión competitiva elevada sobre los mercados internacionales, que se ha puesto de relieve en el formidable ascenso de sus cuotas de exportación, hasta ocupar la primera posición por volumen total de comercio. El segundo, la multiplicación de las redes internacionales de comercio, conforme las nuevas tecnologías permiten una creciente fragmentación de la producción a escala internacional. El tercero, la crisis económica y financiera iniciada en 2007 que deprime la demanda en los principales mercados del mundo desarrollado.
Frente a los dos primeros retos, la industria española respondió mejor que las de otros países europeos; creció más rápidamente, creó empleo y aumentó sus exportaciones, mostrando altas cifras de rentabilidad que apenas reflejaban el impacto de la mayor competencia internacional. Además, las empresas se incorporaron activamente a las redes internacionales de producción, en particular en la fabricación de equipos mecánicos y de transporte, donde el porcentaje de empresas filiales de multinacionales de capital extranjero es más elevado. De esta manera, puede decirse que la respuesta a la globalización y a la innovación que han supuesto las TIC ha sido muy aceptable en términos comparados.
Pero no por ello el impacto de la globalización dejó de sentirse, en particular en ritmos de crecimiento del VAB manufacturero sensiblemente más distantes de los alcanzados por el PIB que en otras épocas anteriores. El escaso avance de la productividad del trabajo también ponía de manifiesto un excesivo apoyo de la expansión industrial en la intensidad de la mano de obra. De esta forma, la ausencia de una política industrial más activa se hizo notar, como también la de otra de control del crédito inmobiliario. No cabe duda que el exceso de financiación dirigida a los inmuebles tuvo un coste de oportunidad en términos del desarrollo de los sectores industriales y de servicios.
En todo caso, a diferencia de los dos retos anteriores, el tercero de los mencionados, la crisis financiera internacional, ha tenido un impacto muy negativo sobre la industria española. En efecto, en los cuatro años de crisis ya transcurridos, valor bruto industrial real se ha desplomado, hasta el punto de que al finalizar 2011 era inferior al del año 2000, lo que también ha sucedido en los casos de Reino Unido, Italia y Dinamarca, como muestra el gráfico adjunto.
Naturalmente, esta evolución es consecuencia del desplome en la demanda nacional, porque la demanda externa ha impulsado la producción industrial a buen ritmo hasta la entrada en una nueva recesión de la UE, a final de 2012. De hecho los sectores que mejor se han comportado han sido aquellos que muestran una mayor competitividad en la exportación: alimentos bebidas y tabaco, productos farmacéuticos, vehículos de motor, química, metalurgia, otro material de transporte y maquinaria y equipo.
Como consecuencia de la disminución de la producción, el empleo industrial ha caído aún más drásticamente y la productividad del trabajo ha aumentado muy notoriamente. Este efecto se ha debido a la desaparición de los establecimientos más intensivos en mano de obra y a los esfuerzos de los supervivientes por mejorar su competitividad. La reducción del número de establecimientos ha sido elevada, según se desprende de los datos que ofrece el Banco de España en su informe anual referido a 2011, páginas 126 a 128. Las bajas empresariales alcanzaron un 14,6% sobre el total del año anterior entre los autónomos y un 7,8 en las pymes de 1 a 9 asalariados. Estos porcentajes superan la media nacional si se descuentan los sectores de construcción, inmobiliarias y servicios financieros. La reducción del empleo industrial alcanza ya un 25,4%, medida entre el II trimestre de 2008 y el II trimestre de 2012, último dato disponible, un total de 656 mil personas (806 mil según la EPA). Esta reducción se extiende con similar intensidad a todas las regiones españolas, con Cataluña a la cabeza de la destrucción de empleo manufacturero y el País Vasco en el extremo opuesto. A través de este proceso, las regiones españolas se han sumado a la deslocalización del tejido industrial que con anterioridad a la crisis acometieron las inglesas y francesas, que ha ido desplazando gradualmente la actividad manufacturera hacia fuera de Europa y hacia el centro de ésta, Alemania y Holanda. Pero mientras que las regiones francesas o británicas consiguieron compensar la reducción de tejido industrial con la expansión del destinado a servicios, en España no ha sido así, ya que la razón de lo ocurrido se encuentra en la crisis y ésta ha afectado a los servicios, aunque en una medida sensiblemente menor.
Es pues clara la necesidad de una recuperación industrial, y no sólo para España, sino también para el resto de Europa. Con carácter general, pero de forma más urgente para España, debe recuperarse el tejido industrial perdido durante la crisis, reforzando la competitividad de las diferentes actividades y su orientación hacia los mercados exteriores. Pero también debe recuperarse parte del tejido que las regiones europeas perdieron con anterioridad a la crisis, en una deslocalización hacia Asia, lo que indica que no estamos ante un problema meramente español. Resulta cada vez más claro que los países desarrollados no pueden vivir especializándose exclusivamente en la producción de servicios avanzados, porque la innovación no puede perder la fabricación como fuente de nuevas ideas.
Pues bien, para conseguir la recuperación de la industria española es necesario incrementar su competitividad, de forma que aumenten sus cuotas de exportación, todavía bajas en términos comparados, y su capacidad de crecimiento en el mercado interior, en pugna con los competidores foráneos.
Ello exige en primer lugar la normalización de las condiciones de financiación de las empresas, lo que ante todo depende de consecución de un mecanismo estable de financiación, a través de las ayudas del MEDE y el Banco Central Europeo. El que esta normalización se acompañara de una ralentización de los objetivos de consolidación fiscal sería algo muy positivo. Cada vez es mayor la evidencia de los efectos devastadores de la austeridad en este contexto de restricción crediticia, algo resaltado recientemente por el FMI.
En segundo lugar, requiere una clarificación del marco energético, que garantice energía a precios competitivos. A ella debe añadirse una liberalización adicional de actividades de servicios de uso generalizado en la industria. A continuación, exige cuatro importantes transformaciones estructurales:
1. Un mayor ajuste entre salarios y productividad> entre empresas y sectores, algo que debería lograrse con la reforma laboral aprobada.
2. Un aumento del tamaño medio de las empresas. Está suficientemente demostrado que la dimensión de la actividad condiciona la productividad, la capacidad de innovación y la internacionalización comercial y productiva, aunque con diferente intensidad según los sectores. El elevado coste que para las empresas pequeñas supone la infraestructura mínima que requieren las estrategias formales de innovación y de internacionalización es una de las razones de este resultado. También lo es la mayor dificultad que poseen para apropiarse de los resultados de sus innovaciones.
Pues bien, España sobresale por tener un número muy reducido de empresas que superen los 50 empleados, y una parte apreciable de las que posee son de capital extranjero.
3. Un incremento de los niveles de internacionalización de las empresas, de su presencia en los mercados internacionales, sobre todo de las más pequeñas, con menores propensiones a exportar. Esto no se logra automáticamente con el aumento del tamaño y con mayor innovación. Exige la adopción expresa de una estrategia de internacionalización, que busque, defina y estudie oportunidades, en el marco de una mayor conciencia de la globalización del mercado. Ya se ha señalado que nuestras exportaciones de bienes se encuentran algunos puntos por debajo de las de otros países, con relación al PIB.
4. Finalmente, un importante esfuerzo de innovación, con un cambio radical del marco en el que se desarrolla ésta. La innovación condiciona de forma directa la competitividad interior y exterior y la capacidad de crecimiento de la industria.
Conocida es la insuficiencia comparada del esfuerzo investigador español, que se traduce en unos resultados muy parcos en términos de patentes y de exportaciones de tecnología, así como de mejoras de la productividad total de los factores. También es sabido que tal insuficiencia tiene una base importante en el reducido gasto tecnológico de las empresas españolas.
Pero detrás de esta deficiencia crónica y grave de la economía española se esconde sobre todo un marco institucional muy ineficiente. Ello se desprende del contraste que ofrece el rápido ascenso del número de investigadores (se dobla prácticamente, pasando de 76.000 a 134.000, de 2000 a 2010), a ritmos más elevados que en otros países, con la escasez de avances en el progreso técnico y en los resultados de la innovación.
En esta estrategia de recuperación los poderes públicos, sobre todo los regionales, deben desempeñar un gran papel. La delicada situación actual, los recientes logros del mundo en desarrollo, y la eficiencia comprobada de algunas políticas puestas en marcha en países desarrollados deben resucitar el papel de la política industrial tan menoscabado en los últimos treinta años.
Por Rafael Myro Sánchez
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Departamento de Economía Aplicada II desde 1980. Es autor de numerosos trabajos sobre la economía española, especialmente referidos a su crecimiento, el papel de la inversión extranjera, y la competitividad de la industria manufacturera, que han sido publicados en diversos libros y en artículos recogidos en las principales revistas económicas españolas.
Es miembro del Consejo Académico del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard y de los Consejos de Redacción de varias revistas económicas. También es director del Grupo de Investigación UCM denominado “capital extranjero, localización y deslocalización”.
Aparte de su trabajo como investigador y docente, el profesor Rafael Myro ha colaborado con el gobierno central y varios gobiernos regionales en el análisis de la industria, la elaboración de bases de datos para su seguimiento y la orientación de la política industrial.
