Los atentados de Bruselas en marzo y los de París en noviembre, y la inestabilidad política de Asia y Oriente Próximo, especialmente el cariz de la guerra en Siria y la crisis de los refugiados que intentan llegar a Europa, han reabierto el debate sobre el gasto y la financiación armamentística en el mundo, un negocio cada vez más cuestionado por los ciudadanos.
Según Amnistía internacional, el comercio de armas es un negocio lucrativo en auge, y a veces opaco, donde concurren intereses estratégicos, políticos, industriales y socio-laborales, además de los meramente estratégicos o defensivos. Globalmente es el comercio más lucrativo, seguido por el tráfico de drogas y la prostitución.
El volumen medio anual del comercio de armas, en los últimos 10 años, se evalúa en 100.000 millones de dólares, incluyendo el llamado material de defensa, equipos para las fuerzas de orden y algunas de las armas deportivas. Según datos de Amnistía Internacional, la mayor parte de ese comercio (70%) procede de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 primeros fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia. Aunque la mayor parte de las transacciones comerciales armamentísticas las llevan a cabo entidades comerciales, la responsabilidad principal de este comercio reside en los gobiernos que se escudan en el derecho a la propia defensa para comprar o vender armas. Entre los países importadores encontramos a India, Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes, Pakistán, Vietnam, Corea del Sur, Egipto y Qatar.
Que las guerras siempre fueron un negocio para algunos se ha sabido siempre pero sólo a partir de los años 80 comenzaron a proliferar organizaciones en pro de los derechos humanos por el desarme que denunciaban la poca regulación del comercio armamentístico. Sin embargo, la mayor parte de la industria se mueve en el marco legal, fabricando y vendiendo armas a ejércitos estatales. La adquisición de armas por parte de grupos armados o rebeldes es otro cantar, difícil de conocer.
En España, el Ministerio de Defensa tiene referenciadas en torno a 560 empresas proveedoras de armas o servicios relacionados, de las que 4 producen el 75% de toda la fabricación y las ventas: Navantia, empresa pública que fabrica los buques de guerra para ministerio; EADS-CASA, fabricante de aviones de guerra en la que el estado tiene el 4% del accionariado; Airbus Military, que produce aviones militares; General Dynamics Santa Bárbara que produce todos los complementos militares para el ejército de tierra; e Indra que realiza todos los productos relacionados con la electrónica de las armas que producen las tres primeras empresas, como el sistema de tiro, empresa de la que el Estado tiene el 20% de las acciones.
Además, hay otras que dedican porcentajes pequeños de su producción a la industria armamentística: la vasca CAF está especializada en trenes pero también realiza blindajes para carros de combate; Amper desarrolla equipos electrónicos y sistemas de comunicación para Defensa y está especializada en las radiocomunicaciones militares y en sistemas de protección de infraestructuras y control de fronteras; Tecnobit se dedica a plataformas y sistemas de armamento y protección, además de colocar las lanzaderas de las alas de los helicópteros europeos Tiger; Aciturri diseña motores; y el 10% de la producción de Aernnova se destina a uso militar.
Así pues, la industria armamentística española lo forman varias empresas que reciben subvenciones del Estado español (Ministerio de Defensa pero también Ministerio de Industria), son financiadas por bancos y venden tanto al ejército español como al extranjero. El presupuesto español para Defensa supone alrededor de un 0,8% del PIB, una cifra relativamente baja comparado con otros países. De todo el presupuesto, para hacernos una idea, en 2013 España gastó 557 millones de euros en armas, una cifra que se multiplica por siete en el caso de las ganancias por lo que exporta. Según datos de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso que recoge el Centre de Estudios Delàs, España obtuvo unos ingresos superiores a los 3.000 millones de euros por exportaciones de material militar, diez veces más que en 2004. El Reino Unido es el estado que más armamento español importa (con un gasto de 862.685.000 euros), seguido de Francia (520.669.000 euros), Arabia Saudí (292.862.000 euros), Turquía (243.673 millones de euros) y Egipto (107.951 millones de euros).
La ilegalidad de la industria armamentística radica en si la venta se realiza a países que violan los derechos humanos, un aspecto que está regulado en Europa y en España. La Posición Común sobre Exportaciones de Tecnología Militar y Equipamientos aprobada por el Parlamento Europeo en 2008 establece que no se puede vender armas a países que violen derechos humanos o haya represión interna. España cuenta además con una regulación nacional que restringe el comercio de armas a países en conflicto desde 2007. Y en la misma línea se sitúa el Tratado sobre el Comercio de Armas para todos los países miembros de Naciones Unidas, un tratado que entró en vigor en diciembre de 2014. Su objetivo es obligar a los países firmantes a promulgar una ley de regulación nacional que, de momento, ha hecho un tercio de los Estados, como España.
A pesar de ello, algunos movimientos pacifistas han demandado al estado español por no cumplirlo al vender, presuntamente, armas a Marruecos, Libia, Egipto, Israel, Afganistán o Colombia. Por ejemplo, el Centro Delàs de Estudios por la Paz denunció en un informe que publicó en 2013 que más de un tercio de las exportaciones españolas de armas se realizaron a países de Oriente Próximo y, especialmente, a países del Golfo Pérsico (informe “Defensa, seguridad y ocupación como negocio”). Para este centro, es vital divulgar y denunciar que las empresas de armamento, mayormente privadas, necesitan el dinero de los bancos para realizar sus operaciones comerciales, desarrollar nuevas armas y exportar a nuevos mercados. Estos movimientos han denunciado reiteradamente la financiación de la industria armamentística por parte de los bancos bien mediante participación accionarial, financiando las exportaciones, emitiendo bonos y pagarés, gestionando fondos de inversión o concediéndola créditos y préstamos.
A estos bancos les denominan banca armada -responsables de prácticas poco éticas como es obtener beneficios de la fabricación y exportación de armas- frente a la banca ética que invierte sólo en proyectos con valor añadido para la sociedad desde el punto de vista social, medioambiental, cultural o educativo. De ahí han surgido campañas de “desmilitarización de la banca” cuyos activistas han llegado a participar en juntas de accionistas pidiendo la salida de las entidades que participan en empresas armamentísticas. El problema radica en si realizan un comercio legal o ilegal, vendiendo a países que violan los derechos humanos por estar en conflicto pero, como reconoce el propio Centro Delàs, la opacidad y el secretismo del gobierno y de la propia industria, favorecen el comercio ilegal.
Autora: Elvira Calvo (5 de mayo de 2016)
