La pensión por jubilación es un derecho que los españoles adquirieron en 1919 con el llamado Retiro Obrero, el primer seguro público y obligatorio del Instituto de Previsión Social creado por Antonio Maura. Hoy, un jubilado en España, recibe del Estado cerca del 75% del salario que percibía como trabajador, un porcentaje alto si se compara con el de otros países de Europa donde, los sueldos y los precios, también son diferentes.
El sistema público de pensiones no es igual en todos los países europeos pero todos se enfrentan a reformas y retos provocados por factores actuales como el envejecimiento de la población, la crisis financiera, el bajo crecimiento económico y las bajas tasas de interés que ponen en peligro la continuidad del derecho a una jubilación.
En España, el tema empieza a situarse entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos aunque el complicado asunto no es nuevo. Cuando en 1995, se firmó el Pacto de Toledo para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social y las principales reformas que había que acometer, ya se dijo a los jóvenes de entonces, que difícilmente cobrarían una pensión. La amenaza persiste 20 años después, agravado además por el desinfle progresivo de la “hucha de las pensiones” o Fondo de Reserva de la Seguridad Social (esta misma semana, el Gobierno ha retirado otros 9.500 millones de euros para pagar la extra de Navidad a los jubilados).
Es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Gobierno del PP que ya ha introducido reformas en el sistema de pensiones en dos ocasiones: en 2011 y en 2013. Además, en el Plan Presupuestario 2017 que envió a Bruselas el mes pasado, se recoge la subida de las pensiones para el año próximo: un 0,25%, el mínimo que permite la ley. Por un lado, el Estado se ahorrará el próximo año 1.200 millones de euros pero por otro, y con la subida de los precios (IPC), los jubilados perderán poder adquisitivo.
El asunto ha devuelto a la palestra la conveniencia o no de los planes privados de pensiones que se introdujeron en España en 1984 ofreciendo ventajas de fiscalidad, rentabilidad, y desde 2013, liquidez al permitir recuperar el dinero antes de la jubilación. Las dos principales críticas eran las elevadas comisiones y la escasa rentabilidad. Las primeras se están reduciendo desde que en agosto de 2014, el Consejo de Ministros obligó a pasar del 2,5% al 1,75%. Esta medida supone un abaratamiento del 30% en el plan de pensiones respecto a 2008. La rentabilidad, aunque es un factor importante, no parece decisivo ya que solo el 0,21% de los contratantes apuesta por ello. La ventaja que no ofrece duda es la fiscalidad al permitir importantes deducciones en el IRPF.
Los países europeos cuentan con sistemas privados de pensiones que son más potentes cuanto más débil es la cobertura pública de jubilación. Es decir, el mapa europeo de las pensiones privadas viene marcado por el porcentaje de pensión pública. En general, las reformas de los sistemas nacionales han impulsado las pensiones privadas a través de la contratación de planes de pensiones creados por las propias empresas para sus empleados. En muchos países, Alemania o España, la gestión puede cederse a entidades financieras.
Los sistemas privados de pensiones más desarrollados en Europa son los de Reino Unido y Holanda, donde las grandes corporaciones los implantan para sus propios empleados. En Reino Unido, el porcentaje de las pensiones privadas alcanza el 97% del PIB. Holanda es el segundo país de la UE por patrimonio en pensiones privadas y el primero por el peso que éste representa en el PIB (178%). Las pensiones privadas son obligatorias, abarcan al 90% de los trabajadores y las aportan empleados y empresas, mientras que las pensiones públicas cubren lo mínimo y se pagan con aportaciones de los trabajadores. Otros países europeos donde el sector de las pensiones privadas está muy desarrollado son Dinamarca (206% del PIB), Islandia (157%), Suiza (123%) y Suecia (76%). En el resto del mundo, encontramos países como Canadá (156%), Estados Unidos (133% del PIB), Australia (122%) o Chile (69%).
En el lado contrario, se sitúan países como España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica o Luxemburgo, donde las pensiones privadas suponen entre el 14 y el 3% del PIB, una tendencia que está cambiando. Alemania ha promovido las pensiones privadas en dos ocasiones: en 2002, endureciendo las públicas (cubren menos de la mitad del sueldo), y en 2005, flexibilizando los productos y mejorando la fiscalidad. También lo asumen las grandes empresas aunque, como en España, el Gobierno promueve la cesión de su patrimonio a gestoras especializadas. En el país germano, las pensiones privadas suponen poco más del 6% del PIB. En España, el porcentaje se eleva hasta el 14%. En Francia y en Italia, las pensiones privadas tienen un escaso desarrollo y apenas suponen el 8% del PIB. Las pensiones públicas galas son las más elevadas de Europa y las privadas apenas son cubiertas por el 40% de las grandes corporaciones.
El pasado 5 de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó su informe Anual sobre las perspectivas de las pensiones. En el estudio, la OCDE aconseja a España que incluya, en la reforma de su sistema de pensiones, una dosis complementaria de capitalización.
Ahora más que nunca es tiempo de pensar en ahorrar de cara a la jubilación y los planes de pensiones pueden ser una alternativa interesante. Tienen ventajas fiscales (deducciones en el IRPF), resultan rentables y, en algunos casos, permiten recuperar el dinero antes de la jubilación. Aunque, para decidir cuál es el mejor plan de pensiones para cada uno, nada mejor que asesorarse bien o tener un buen nivel de cultura financiera.
Autora: Elvira Calvo (22 diciembre 2016)
