Que los deportistas de élite estén entre los objetivos de Hacienda no es nuevo. Rafa Nadal, Iker Casillas o Arantxa Sánchez Vicario, entre otros muchos, han estado alguna vez en el ojo del huracán. Casi siempre por temas relacionados con sus derechos de imagen o por tener dinero en paraísos fiscales. Al final, todos han tenido que pagar o llegar a acuerdos. Pero el mensaje es claro: (casi) nadie escapa a la obligación de tributar.
Sobre todo desde que Cristóbal Montoro se hiciera cargo de la cartera de Hacienda en 2011 y tras la crisis financiera que tantos escándalos destapó. El ministro se ha convertido en el enfant terrible de los defraudadores y es que su objetivo ha sido el de no dejar títere con cabeza. O perdonar. Su amnistía fiscal de 2012 acaba de sufrir un duro revés al ser anulada por el Tribunal Constitucional. Aunque con escasos efectos prácticos, la sentencia nos viene a recordar que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad y que el Estado ni puede, ni debe perdonar.
El foco está ahora mismo en dos estrellas futbolíticas de nivel mundial y que tributan en España: Messi y Ronaldo. Lo del azulgrana viene de atrás: la Audiencia de Barcelona le condenó el año pasado a 21 meses de cárcel por defraudar más de 4 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios de 2007 a 2009. Por su parte, el portugués ha sido denunciado por la Agencia Tributaria por defraudar casi 15 millones de euros entre 2011 y 2014.
La condena a Messi acaba de ser confirmada por el Tribunal Supremo que considera probado que el argentino ingresó, entre 2007 y 2009, 10 millones de euros por derechos de imagen que no declaró. Messi dijo en su día que él no sabía nada de estas cosas porque se encargaban sus asesores fiscales. El alegato es tan obvio que rápidamente se alzaron voces señalando al equipo de profesionales que le llevan las cuentas, le justifican los ingresos y que, parece ser, le falsean los datos. La clave está en saber si lo hicieron con el beneplácito o por mandato del contribuyente. De hecho, dos magistrados del Supremo se cuestionaron la exclusión del castigo a los asesores que, por supuesto, le excusaron desde el primer momento.
Así pues, según sentencia, Lionel Messi y su padre deberían ir a la cárcel durante 21 y 15 meses respectivamente, además de abonar una multa de 2.000.000 y 1.300.00 euros que ya han ejecutado. Al ser una condena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales, el caso sólo quedará en un gran susto y, lo que es más importante, en ejemplo para todos.
El caso de Cristiano Ronaldo es similar, aunque la principal diferencia radica en que el portugués quiso regularizar su situación, Hacienda no lo vio claro y tiró de la manta. Ahora la Agencia Tributaria le acusa de haber evitado un pago de casi 15 millones de euros por los ingresos obtenidos entre 2011 y 2014 por derechos de imagen. De considerar que hay indicios suficientes de fraude, la Fiscalía tendrá que presentar la querella contra Ronaldo antes del 30 de junio para evitar que prescriba el delito correspondiente al 2011.
El último en sumarse a esta lista de perseguidos es el ex jugador del Real Madrid, Pedrag Mijatovic, que ha sido acusado por la Fiscalía de Madrid de un fraude a la Hacienda Pública de casi 190.000 euros durante 2011.
Según un Decreto-Ley de 1985 que regula la relación de los futbolistas con los clubes, modificado en 1996, y el convenio colectivo de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en España, los futbolistas de élite pueden redistribuir su carga fiscal para evitar pagar cifras astronómicas en su IRPF anual. La Ley establece que pueden tributar el 85% de sus ingresos al tipo marginal del 47% y el resto, un 15%, a través del Impuesto de Sociedades, es decir a través de una sociedad, a un tipo del 28%. Es en esta segunda parte, donde Hacienda mira con lupa porque ahí los futbolistas incluyen los gastos de sus casas, sus coches de lujo y los ingresos por exclusivas en la prensa rosa. Pero además, y desde hace poco tiempo, la Agencia Tributaria comprueba exhaustivamente la retribución por los derechos de imagen a esas sociedades, y a sus operaciones vinculadas, que deben tener una actividad económica real, no ser solo instrumentales, y que además suelen gestionar familiares.
Atrás queda ya la denominada Ley Beckham que el Gobierno de Aznar aprobó en 2005 para estimular la llegada de talento extranjero a España: deportistas, científicos y directivos. El Real Decreto 687/2005 -que permitía tributar a los no residentes a un tipo del 24% frente al régimen general del 43%- benefició, principalmente, a los futbolistas galácticos que, a pesar de sus ingresos de campeonato, tributaban como mileuristas.
Autora: Elvira Calvo (19 junio 2017)
