El pasado 9 de marzo entró en vigor el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 dirigido especialmente a subvencionar la compra o alquiler de casa a colectivos vulnerables como las familias con pocos recursos, los jóvenes de hasta 35 años y las personas mayores de 65 cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que cobren unos 1.600 euros brutos al mes.
Las ayudas a la compra de la vivienda habitual se aplicarán solo en los municipios menos poblados (menos de 5.000 habitantes o en los que vive menos del 9% de la población española), el precio no podrá superar los 100.000 euros y la ayuda será por un máximo del 20% (unos 10.800 euros). Los expertos estiman que el gasto hipotecario no debería superar el 25 ó el 30% de los ingresos mensuales, por lo que estamos hablando de una hipoteca que se fijaría entre los 300 y los 480 euros mensuales como máximo. Podrán acceder a estas ayudas los menores de 35 años y las familias que no superen en 3 veces el IPREM (unos 22.558,77 euros). Para familias numerosas y personas con discapacidad el límite será 4 veces el IPREM, y para familias con miembros con discapacidad severa y familias numerosas de categoría especial en 5 IPREM.
Las ayudas al alquiler para jóvenes y mayores alcanzarán hasta el 50% de la renta. Para las familias con ingresos anuales inferiores a 22.558,77 euros anuales (3 veces el IPREM), será del 40%. Como en el caso de la compra, para las familias numerosas y personas con discapacidad, el límite será 4 veces el IPREM, y para familias con discapacidad severa, será 5.
El objetivo del Plan, dotado con 1.443 millones de euros según el Ministerio de Fomento, es facilitar el acceso a la vivienda a esos colectivos más desfavorecidos, promoviendo el alquiler o ayudando a la compra mediante subvenciones, e impulsar la regeneración urbana y rural en aquellos municipios menos poblados. Las ayudas no se podrán solicitar hasta que las comunidades autónomas suscriban los convenios con el Ministerio de Fomento para la aplicación del plan. Después, tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2018. Toledo, Granada, Alicante, Zaragoza, Valencia, Almería, La Rioja o Lleida serían las provincias con mayor oferta.
El plan, que se presentó por primera vez en mayo del año pasado, incorpora algunas, pero no todas, de las sugerencias planteadas desde entonces por autonomías, ayuntamientos y profesionales. Aprobado por Real Decreto el pasado 9 de marzo, el Plan se debatió una semana después en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Suelo y Urbanismo, como medida previa a la firma de los convenios con las distintas autonomías que deberán contribuir a la ayuda con al menos 10 euros de cada 70 que aporte el Gobierno central, dispuesto incluso a subir al 30/100. La Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura han manifestado su disconformidad por “contribuir a la burbuja del alquiler y no ser igual en todas las comunidades autónomas”.
En la misma tesitura está Bruselas que ya ha advertido a España de que la nueva política de vivienda puede provocar un aumento de los precios, beneficiando al vendedor y no al comprador. Tampoco está de acuerdo la UE en que cualquier joven pueda acceder a una vivienda sin la suficiente solvencia por lo que ha pedido al Gobierno español que recorte las ayudas de manera significativa, motivo por el cual el plan se ha concretado en municipios con menos de 5.000 habitantes. Bruselas advierte que las subvenciones acaban elevando artificialmente la capacidad de adquisición de los demandantes y dice que las deducciones en el IRPF por compra de vivienda fueron una de las causas de la última burbuja inmobiliaria.
Autora: Elvira Calvo (20 marzo 2018)